Antonio Castillo Izquierdo, presidente del Comité del Frente Popular del Castillo de Locubín desde noviembre de 1936 hasta unos meses antes de terminar la guerra, fue todo un ejemplo de como las autoridades de esta población hicieron todo cuanto estuvo en sus manos para evitar represalias de sus convecinos ante elementos derechistas castilleros que apoyaban abiertamente o eran sospechosos de hacerlo a los sublevados del Ejército franquista.

Antonio Castillo fue procesado por el juez Francisco Juan Cabello, uno de los elementos más destacados de la represión franquista, tras haber sido denunciado y encarcelado al acabar la guerra. A pesar de que fueron múltiples los avales (como el que adjuntamos) y buenas referencias de sus paisanos hacia el encausado, la condena que se le impuso en mayo de 1940 en Jaén fue de 20 años de reclusión.

El hecho de no haber delitos de sangre contra elementos facciosos en Castillo de Locubín evitó que este hombre fuese castigado a una pena mayor, similar a la que recibieron importantes cargos republicanos y socialistas de toda España a los que se acusó de haber permitido asesinatos.

En todo caso, queda muy de manifiesto como la «Justicia» militar franquista buscó anatemizar no solo al incipiente Movimiento Obrero que había ganado un gran poder reivindicativo en los años de la Segunda República, sino también a todos aquellos políticos reformistas republicanos que como Antonio Castillo Izquierdo habían intentado empoderar al pueblo y romper el servilismo y caciquismo imperantes en pueblos como Castillo de Locubín donde tradicionalmente unas pocas familias aristócratas tenían el monopolio político-económico desde hacía décadas y mantenían relaciones semi-feudales con la clase trabajadora.

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