El 13 de julio de 1997 a las 4:30 de la madrugada falleció el edil del PP, Miguel Ángel Blanco, víctima 778 de ETA.

Su secuestro y posterior asesinato marcó un antes y un después en la lucha contra el terrorismo, puesto que la sociedad civil vasca y la gran mayoría de partidos políticos con representación en el Parlamento vasco (incluidos el PNV y Eusko Alkartasuna entre otros) se unieron en el llamado «Espíritu de Ermua» para exigir el fin de la violencia.

Ese fue el principio del fin de ETA, pues a pesar de las fallidas negociaciones en los siguientes años entre el Gobierno español presidido por José María Aznar y ETA y su «entorno», la banda terrorista perdió gran parte del apoyo social del que había gozado años atrás. Por otro lado, la cooperación francesa, escasa en otros tiempos, junto al acoso policial, habían conseguido reducir las actividades de ETA a una escala de baja intensidad.

Por todo ello, la izquierda abertzale consideró que la vía armada había sido un fracaso y, de la mano de nuevos esfuerzos diplomáticos, en este caso durante el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, se consiguió que ETA pusiera punto y final a su actividad.

Al igual que sucedió en el proceso de paz de Irlanda del Norte en el que el antiguo miembro del IRA, Martín McGuinness, jugó un papel esencial desde el Sin Feinn (partido nacionalista irlandés, considerado por entonces como el brazo político del IRA), para convencer a sus antiguos camaradas de que la acción armada ya no tenía sentido, en el caso vasco muchos expertos señalan que ese mismo papel lo desempeñó, muy a pesar de la actual opinión pública, Arnaldo Otegi, ex miembro de ETA y dirigente de Batasuna, fue crucial en la influencia que tuvo para conseguir el cese total de las hostilidades y de la acción terrorista en 2011.

En resumen, los atentados cada vez más indiscriminados que ETA venía ejecutando desde los años 80 y que alcanzaron no solo a guardias civiles y concejales del PP como algunos dicen, sino también a representantes políticos de otros partidos como el PSOE y a empresarios, despertaron un rechazo a los mismos cada vez más generalizado en el País Vasco. Ello, unido a la presión policial y a las negociaciones del PP y del PSOE con ETA y su entorno, acabaron por convencer a la gran mayoría de la izquierda abertzale (como sucedió en Irlanda) de que había que recurrir a vías exclusivamente políticas para lograr la independencia vasca.

Por eso, y aunque una porción importante de la opinión pública española no ha accedido aún a la verdad, debe ser considerado como positivo que una década después el independentismo vasco, representado principalmente por Bildu, haya renunciado a asesinatos, secuestros y extorsiones para lograr sus objetivos, algo que le ha procurado por parte de la Audiencia Nacional el derecho a ser un partido legal más.

Este post va en memoria de todas las víctimas de ETA, las únicas eso sí que en este país, junto a las de la represión republicana en la guerra civil, han sido debidamente reparadas y homenajeadas.